La justicia intergeneracional exige incorporar, de forma efectiva, la perspectiva de largo plazo en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, el diseño institucional actual carece de mecanismos específicos que garanticen la protección de los intereses de las generaciones futuras.
La propuesta de creación del Defensor o Defensora de las Generaciones Futuras y la Justicia Intergeneracional responde a esta necesidad. Se trata de un órgano independiente, de carácter técnico y con mandato estable, orientado a evaluar el impacto intergeneracional de las leyes, políticas públicas y estrategias de país.
Su función principal sería actuar de manera preventiva, mediante la emisión de informes preceptivos —aunque no vinculantes— sobre aquellas iniciativas con efectos a largo plazo, como el cambio climático, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el acceso a la vivienda o el desarrollo tecnológico. Estos informes deberán ser considerados por el legislador, quien, en caso de apartarse de sus recomendaciones, estará obligado a motivarlo expresamente.
Este modelo complementa instituciones existentes como el Defensor del Pueblo, incorporando una perspectiva estructural y orientada al futuro que hoy no está suficientemente representada en el sistema institucional.
La creación de esta figura supone un paso decisivo hacia un modelo de gobernanza más responsable, transparente y comprometido con quienes aún no pueden participar en el debate público, pero cuyos derechos y condiciones de vida dependen de las decisiones que tomamos hoy.