Creemos que los derechos humanos no pueden estar limitados al presente. No existe ningún instrumento legal que obligue a otorgar derechos a las generaciones futuras. No considerar los derechos de las personas futuras es incompatible con el principio de dignidad humana.
Las generaciones que aún no han nacido no suelen tenerse en cuenta en los procesos de toma de decisiones actuales y sus consecuencias sobre ellas, tampoco. Nadie defiende sus intereses. Es necesario establecer mecanismos institucionales y jurídicos que obliguen a incluir sus derechos y necesidades. La justicia intergeneracional debe integrarse plenamente en el marco de los derechos humanos.
Estados, instituciones internacionales y supranacionales existen para ser útiles para las personas. Por ello tienen la obligación de crear condiciones que permitan proteger los derechos de las generaciones futuras, mediante la cooperación multilateral y el apoyo a políticas de largo plazo.
Los sistemas políticos se centran en ciclos electorales cortos y respuestas inmediatas, lo que dificulta abordar problemas estructurales v de largo plazo. La ausencia de rendición de cuentas en general y con una perspectiva intergeneracional, permite tomar decisiones que trasladan costes (o impactos negativos) al futuro y a las poblaciones peor representadas.