Justicia intergeneracional
Las decisiones políticas, económicas y sociales que se adoptan hoy tienen efectos a largo plazo que condicionarán la calidad de vida de las generaciones futuras. Actuaciones en ámbitos como el cambio climático, la paz, la democracia o la regulación de las tecnologías emergentes determinan el tipo de sociedad que heredarán quienes aún no han nacido.
Tenemos una obligación ética de garantizar que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. La equidad intergeneracional es un principio básico de justicia.
¿Por qué es urgente?
Crisis como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania o los fenómenos climáticos extremos han demostrado que la falta de previsión y preparación debilita gravemente la capacidad de respuesta. Anticipar riesgos y actuar preventivamente es más eficaz y justo que reaccionar cuando el daño ya es irreversible.
El cambio climático puede comprometer seriamente las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta, cuyo impacto ya afecta a las generaciones presentes, pero perjudicará mucho más gravemente a las generaciones futuras si no se toman a tiempo las medidas urgentes necesarias.
Principales retos para las futuras generaciones
Las generaciones jóvenes ya afrontan mayores dificultades para acceder a vivienda, empleo estable y autonomía económica, además de heredar desigualdades sociales y un estado del bienestar tensionado. Esta tendencia amenaza la cohesión social y la equidad entre generaciones.
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y los fenómenos meteorológicos extremos afectarán durante décadas o siglos al bienestar, la salud y la economía de las generaciones futuras. Los daños derivados de un modelo económico ambientalmente insostenible son acumulativos y, en muchos casos, irreversibles.
Garantía del derecho a un entorno habitable y justo
Proteger a las generaciones futuras implica asegurar su derecho a vivir en un entorno ecológicamente sano, en una sociedad justa, donde el bienestar colectivo no se logre a costa del deterioro irreversible del planeta ni de la exclusión social.
Para ello, defendemos la necesidad de la creación de órganos institucionales encargados de emitir informes sobre el impacto intergeneracional de cada proyecto de ley y de cada decisión de gobierno. Dichos informes deberán ser especialmente relevantes en las tareas de órganos legislativos y ejecutivos, siendo preceptivamente considerados y, en su caso, motivadas expresamente las hipotéticas decisiones que no los secunden.