Francisco Romero. La Voz del Sur
Las personas que aún no han nacido no tienen voz en las decisiones que determinarán su futuro. La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha dado un paso para cambiar eso. Por acuerdo de su Consejo de Dirección y mediante documento firmado por su rector, Francisco Oliva, la institución sevillana ha suscrito su adhesión a la creación de la Defensoría de las Generaciones Futuras, una iniciativa impulsada por la Fundación Savia, presidida por Francisco Casero, que busca crear una figura institucional que vele por los derechos e intereses de quienes todavía no han nacido pero que tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones que se toman hoy.
El trasfondo de la propuesta es tan urgente como incómodo: según Naciones Unidas, la humanidad no está en condiciones de garantizar que las próximas generaciones puedan vivir, al menos, igual de bien que las actuales. La pérdida de biodiversidad, la desigualdad social y la crisis climática, fruto del impacto acumulado de décadas de actividad industrial y económica, amenazan con romper un principio básico de justicia intergeneracional. Y los aún no nacidos, principales afectados, no cuentan hoy con ningún procedimiento de protección jurídico y legal que defienda sus intereses.
Más de 300 ayuntamientos ya respaldan la iniciativa
La Fundación Savia no se limitó a diagnosticar el problema: se dirigió a Naciones Unidas y a diversas instituciones europeas, españolas y autonómicas para proponerles la creación de esa figura defensora. La respuesta ha sido notable. Mediante la aprobación de mociones en sus plenos municipales, más de 300 ayuntamientos de toda España se han sumado ya a la propuesta, a los que se añaden diputaciones, universidades, empresas, grupos de desarrollo y asociaciones. El impulso sigue creciendo y, según la Fundación, culminará en las próximas semanas con la creación de la Alianza de las Generaciones Futuras.
La adhesión de la UPO no parte de cero. La universidad y la Fundación Savia ya suscribieron en 2024 un acuerdo marco para desplegar actividades que contribuyan a la transición social y ecológica, tejiendo una alianza entre los centros de educación e investigación y la sociedad civil. La incorporación a la Defensoría es el paso siguiente y más concreto de esa colaboración.
España, a la vanguardia internacional en justicia intergeneracional
Como resultado de esta adhesión, la UPO estudia ya la fórmula para incorporar al ordenamiento jurídico y a las decisiones políticas, económicas y sociales los derechos e intereses de las próximas generaciones. Una propuesta que, según sus impulsores, sitúa a España a la vanguardia internacional en materia de justicia intergeneracional.
La pregunta que subyace a toda la iniciativa es tan sencilla como exigente: si las decisiones de hoy hipotecan el futuro de quienes aún no han nacido, ¿no deberían tener también ellos alguna forma de representación en esas decisiones? La Universidad Pablo de Olavide ha respondido que sí, y se ha puesto a trabajar para que esa respuesta tenga consecuencias reales.
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